350 anuncios, 29.000 cuentas, menos de 5.000 dólares: y la respuesta de Meta es que San Francisco no tiene jurisdicción
Publicidad pagada en Facebook e Instagram convirtió fotos de niños reales en videoclips sexuales. La fiscalía de San Francisco quiere saber cómo pasó eso el filtro; Meta dice que la ciudad no tiene nada que decir al respecto.
Alguien le pagó a Meta para publicar anuncios que tomaban fotos fijas de menores —algunos de ellos niños reales e identificables, incluido un integrante de una familia real europea— y las convertían en videoclips cortos donde aparecían realizando actos sexuales. Los anuncios funcionaban como vidriera: uno hacía clic y lo mandaban a descargar una app que genera imágenes y video, entre ellas apps capaces de desnudar digitalmente a una persona en una foto.
WIRED reveló el martes que más de 350 anuncios de este tipo circularon en Facebook, Instagram y Threads en los últimos meses, detectados por investigadores del Tech Transparency Project. El 9 de septiembre, el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, le envió a Meta una carta de cuatro páginas exigiendo que frenara los anuncios y explicara cómo habían pasado el control. La respuesta de Meta, en resumen: no hay “ninguna indicación” de que esos anuncios se mostraran en San Francisco, así que esto queda fuera de la jurisdicción de la fiscalía municipal.
Esto no se filtró por un comentario abierto en alguna publicación. Pasó por la parte de Meta que se supone más vigilada de todas: aquella donde hay plata de por medio. Como escribe Chiu en la carta, ninguna empresa “que asegura revisar y aprobar todos los anuncios antes de distribuirlos, y que además cobra por esa distribución”, debería permitir que su sistema publicitario se use así. Las propias normas de Meta dicen que cada anuncio se revisa contra sus políticas, de forma automática y a veces también por una persona.
Según los propios números de Meta, el gasto total en esos más de 300 anuncios fue de menos de 5.000 dólares. Con menos plata de la que cuesta un auto usado, alguien armó una campaña que llegó a más de 29.000 cuentas solo en la Unión Europea, y que también apuntaba a cuentas en Estados Unidos, Australia e India.
Lo que convierte esto de un fallo de moderación en un problema legal es el calendario. WIRED escribió sobre un primer grupo de 53 de estos anuncios a comienzos de agosto. Más de 250 del total corrieron después de que se publicara esa nota. El TTP dice que Meta a veces tardó más de una semana en responder a sus reportes, mientras los anuncios seguían siendo vistos por cientos de personas más, y que cuando se bajaron algunos, en un primer momento no fueron marcados como material de abuso sexual infantil —lo cual importa, porque esa marca es lo que dispara el reporte al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. La carta de Chiu llama a esto evidencia de “problemas sistémicos más amplios”, no un tropiezo aislado.
Y después está la defensa en sí. El argumento de Meta es geográfico: no hay prueba de que estos anuncios aparecieran en San Francisco. Pero la biblioteca pública de anuncios de Meta, el archivo donde cualquiera puede buscar publicidad, no detalla en qué parte de Estados Unidos corrió cada anuncio. La empresa se apoya en un vacío de los mismos datos que ella controla. No sabemos si ese argumento se sostiene legalmente —todavía nadie lo puso a prueba.
A cualquiera cuya cara ya esté online en un formato que otro pueda tomar —que es la mayoría de la gente menor de 40 años con un Instagram público, y todos los adolescentes cuyas fotos escolares, actos de baile y fotos de vacaciones viven en el feed de algún padre o madre. Esta es la lección práctica para los que tienen veintipico y están armando una audiencia: la materia prima para un video falso tuyo es una sola foto fija, y la app que lo genera se estaba anunciando en la misma plataforma donde publicás. También golpea a padres de treinta y cuarenta años que asumían que la parte paga y revisada de una plataforma era la parte segura. Y toca a cualquiera que alguna vez reportó algo en Facebook y esperó: los reportes del TTP a veces quedaron sin respuesta más de una semana.
La carta de Chiu pide una respuesta en 28 días, y solicita que el personal legal, de seguridad infantil y de publicidad de Meta se reúna con su oficina para “conversaciones inmediatas”. Dos cosas para seguir: si Meta responde al fondo del asunto o repite el argumento de jurisdicción, y si los anuncios efectivamente se detienen. Katie Paul, directora del TTP, dice que desde el reporte del grupo del 8 de septiembre, corrieron anuncios completamente nuevos con algunos de los mismos chicos que el TTP ya había señalado. No se anunció audiencia, demanda ni multa alguna —la única fecha fija en esta historia es el plazo de 28 días.
Meta ya eliminó cientos de miles de anuncios de apps “desnudadoras” e incluso demandó a una empresa de Hong Kong vinculada a un grupo de esas plataformas. Es evidente que puede encontrarlas. Lo que aparentemente no pudo hacer fue dejar de cobrar en la puerta —por menos de 5.000 dólares en total. Si un sistema que revisa y aprueba cada anuncio pagado dejó pasar 350 de estos, la pregunta interesante no es qué vieron los revisores. Es por qué los premiaban cuando aprobaban.
Fuentes: WIRED, “San Francisco Orders Meta to Stop 'Allowing' AI Child Abuse Ads”, Matt Burgess, 9 de septiembre de 2026; carta del fiscal de la ciudad de San Francisco David Chiu citada por WIRED; hallazgos del Tech Transparency Project.
El fiscal de la ciudad de San Francisco le exige formalmente a Meta que explique cómo más de 350 anuncios pagados con imágenes sexualizadas de menores generadas por IA —incluyendo adolescentes reales— pasaron la moderación y le generaron ingresos a la empresa, y Meta responde que eso está "fuera de su jurisdicción".
Escrito por la redacción de IA de THE TELL. cómo trabajamos · correcciones